EL ESTADO FRENTE AL MOMENTO DIFÍCIL PARA
LOS TRABAJADORES
Jose Roberto
Ballesteros Coca
Nuestro país motivado
por la presencia de la pandemia del virus Covid-19 (más conocido como
Coronavirus), tomó medidas similares a las de gran parte de los países del
mundo contener la propagación del virus. Medidas destinadas a reducir la
circulación de las personas, desde mediados del mes de marzo. Medias como
suspender las clases en las unidades educativas, reducir el horario de trabajo,
el inicio de la Cuarentena el 21 de marzo, y ante el bajo cumplimiento de las
medidas y la tendencia creciente de nuevos casos positivos, el 26 de marzo se
dicta el Estado de Emergencia Sanitaria Nacional, endureciendo las medidas como
el cierre de fronteras, restringir el movimiento de personas, y acortar el
horario de circulación.
Es evidente que el
Coronavirus y las medidas para enfrentarla,
perturbó las actividades que
realizaban las personas y familias. Parte de estas alteraciones se ubica en el
funcionamiento de la economía, a partir de la interacción del consumo agregado
de las familias, el gasto del Estado (gobiernos departamentales,
municipales regionales, entidades del
sector púbico) y de las inversiones del sector privado se ralentizaron las actividades
comerciales, servicios y productivas, y con ello, la disminución de los ingresos.
Son 22 días[1] desde la declaratoria de
Cuarentena y del Estado de Emergencia. Diferentes asociaciones, gremiales y organizaciones
sindicales han manifestado su preocupación e incertidumbre por la falta y la escasez
de ingresos que les permita adquirir alimentos y cumplir con las medidas de la
Emergencia Sanitaria. Sin duda que ésta situación es más dramática para quienes
viven diariamente de sus actividades laborales.
Frente a esta
situación, la Central Obrera Boliviana (COB) señaló la necesidad de contar con
apoyo económico por parte del Estado para sobrellevar las necesidades de este
periodo que no se sabe por cuánto tiempo más se prologará. Paralelamente, los
representantes de las organizaciones del empresariado boliviano manifiestan que
estarían considerando la disyuntiva de despedir trabajadores o cerrar las
empresas.
Nos interesa en este
caso, la posición y las demandas de las asociaciones, artesanos, gremiales y de
las organizaciones sindicales, que son los sectores más vulnerables en éste
periodo. Sus preocupaciones giran en
torno a la estabilidad laboral, mantener el nivel de sus ingresos, el no
despido ahora ni después, el reinicio de sus actividades y la solicitud de
apoyo económico por parte del Estado.
La situación actual y
futura nos indica que hay la necesidad de nuevas medidas y ajustar otras de
forma urgente. Replantear las medidas orientadas a garantizar la vida, de
respeto de los derechos, mayor equidad hacia la población que tiene menos condiciones
y ésta ante el peligro de agudizar su situación de desventajas económicas y
sociales, y en el ámbito laboral, sería una equivocación que los ajustes que requiere
la economía, repita la fórmula que el empleo y los salarios sean las variables
de ajuste.
En torno a la a demanda
de ayuda económica de los sindicatos, artesanos, asociaciones, gremiales y
microempresarios, es importante ver cuál será el enfoque que le dará el Estado,
la identificación de la población que podría beneficiarse, la complementación
con las medidas existentes y los recursos que harán posible las mismas.
La información contenida
en la página web del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 2017, no cambió significativamente
a la fecha, y para el objetivo de identificar a la población que puede recibir
el apoyo económico aun es válido.
Prácticamente 1 de cada
2 personas, 49.83%, forma parte de la Población en Edad de Trabajar (PET), la
cual es encargada de generar ingresos para las familias (5.587.807 personas de
una población total de 11.216.272); mientras que la Población Económicamente Inactiva
(PEI) conformado por Temporales y Permanentes llega 3.370.503 (37.62%); y el
resto de la Población en Edad de No
trabajar (PENT) llega a 2.257.962, el 20.13%.
El Gráfico N°1 muestra
que al interior de la población económicamente activa, 5.587.807, el 42.1% de
las personas que realizan actividades para obtener ingresos son Trabajador(a)
por cuenta propia; el 17.8% es Trabajador(a) familiar o aprendiz sin
remuneración; la categoría Obrero(a) alcanza al 6.9% y Empleada(o) del hogar el
2%. En otras palabras, de cada 10 personas activas económicamente 7 realizan alguna
actividad diaria o semanal para contribuir directa o indirectamente en la obtención
de ingresos para la familia. De ahí, las condiciones actuales y necesarias de
emergencia sanitaria, que supera 22 días, no pueden dejar de preocuparles el hecho
de no contar ingresos para atender las necesidades de sus familias.
En cuanto a la
situación de los ingresos que reciben u obtienen la mayoría de la población con
alguna ocupación, la información que registra el Cuadro N°1 nos da una
aproximación de la realidad de los ingresos promedio mensual (para el propósito
del texto, suponemos que la información no tuvo cambios sustanciales al
2019).
Los datos de referencia
plantean que el ingreso promedio mensual de las diferentes categorías en el
empleo difícilmente está por encima de Bs.3.000 (Bs.2.777 para el 2017) como
promedio general. Así mismo, ratifica que las categorías de Trabajador(a) por
cuenta propia, Obrero, Empleado(a) y Trabajadora(o) del hogar reciben menores
ingresos al mes. Además, de que se trata del mayor número de personas al
interior de la población ocupada.
Las medidas sociales de
transferencias económicas que tomó el gobierno refuerzan los bonos ya existentes.
Estas políticas de protección social con los que cuenta la población de mayor
vulnerabilidad está conformado por el Bono Juana Azurduy de Padilla,[2] incentivo monetario para todas
las madres que no tienen un seguro de salud a corto plazo y para los niños
menores de dos años, que deben cumplir con los controles médicos; el Bono
Juancito Pinto[3]
cuyo propósito es incrementar la matrícula escolar, reducir la deserción y disminuir
la trasmisión inter-generacional de la pobreza, asignando recursos para cubrir
parte del transporte y los útiles escolares; Bono para las personas con
Discapacidad[4],
beneficio para quienes tienen discapacidad grave y muy grave, registrados en el
Sistema único nacional de personas con discapacidad (SIPRUNPCD); y la Renta
Dignidad[5], que es un pago mensual,
universal y vitalicio a las personas de 60 años o más, para residentes en el
país que tienen una renta de jubilación y los que no tienen.
Esta población que
accede a los bonos vigentes hace años, serán el medio para acceder a otros sectores
de la población y entregar transitoriamente el Bono Canasta Familiar de Bs.400
y el Bono Familia de Bs.500.
Con información
proveniente del Informe Presidencial de 2019 y del Ministerio de Salud, se
puede estimar que la población que ya tiene bonos, como parte de las políticas
sociales del Estado, alcanzaría a 3.567.577 personas representado el 31.50% de
la población total del país para el 2017 (11.216.272); el resto de la población
que alcanza a 7.751.540 (68.50%) actualmente no tiene ninguna transferencia del
Estado, y tal vez, no accedería al apoyo económico que se solicita al gobierno
para paliar los efectos del virus, ver Gráfico N°4.
Los Cuadros N°3 y N°4
pretenden mostrar que los bonos vigentes y que son utilizados como medio indirecto
para beneficiar al resto de la familia de éstas personas, no logra cubrir a la
población que tiene la responsabilidad de proveer de recursos e ingresos para al
resto de la familia. Nos referimos a la población que está en actividad
económica y mayormente se encuentran en las categorías de Trabajador(a) por
cuenta propia, Trabajador(a) familiar o aprendiz sin remuneración, Obrero(a)
alcanza y Empleada(o) del hogar, que aproximadamente llegaría a 3.844.411
personas, 68.8% de la población económicamente activa. Además, de no tomarse en
cuenta a las personas que se ya encontraban en situación de desocupadas antes
de la aparición del Coronavirus (Cesantes y Aspirantes), las cuales estarían por
encima de 200.000 personas.
Intentamos contribuir con
criterios a partir de la situación y condiciones económicas por las que
atraviesa la mayoría de la población económicamente activa. Sumado al contexto
generado por la pandemia del Coronavirus pueden ayudar a revisar, complementar
y/o generar políticas públicas de emergencia nacional, que hagan posible
atender las demandas de la mayoría de la población ocupada (68.8%) que no
pueden realizar sus actividades para tener ingresos, y expresa la desesperación
e incertidumbre de no tener ingresos.
A partir de los datos e
información mencionada, más los datos y la tendencia actual[6] del virus, es inevitable
que se prolongue el periodo de emergencia bajo cualquiera de las variantes, sea
nacional y/o regional. En ese sentido, es importante considerar que:
a)
La
experiencia de las crisis recientes nos muestra que mayormente los Estados
transfirieron el costo de la crisis a la sociedad, y dentro de ella a la
población con menores condiciones y recursos, lo cual incrementó las
desigualdades sociales y económicas. Las políticas públicas que se vayan a
adoptar para hacer frente a la pandemia no deberían generar el retroceso de lo
avanzado en la disminución de las brechas de desigualdades sociales y
económicas.
b) Una acción e iniciativa general que
debería ser promovida por el gobierno, es la convocatoria a un encuentro
nacional de alto nivel político, donde las organizaciones políticas acuerden no
politizar ni hacer uso electoral de la pandemia; acuerdos e iniciativas para
enfrentar el Coronavirus, y los efectos posteriores en los ámbitos de la salud,
sociales y la economía; la constitución un nivel nacional de asesoría, think
tank, conformado por profesionales y expertos en las áreas que se requiere
para enfrentar éste Reto País.
c) La mirada de la coyuntura hasta fin de
año es claro que debe orientarse por la vida como centro de las acciones del
Estado y la Sociedad. En ese camino, las políticas que implementará el gobierno
tienen que ser claramente de prioridad y responsabilidad con lo social, evitando
señales y medidas equivocadas. Más Estado supone un mayor nivel de coordinación
los gobiernos departamentales y municipales, transferir recursos adicionales y
fortalecer su capacidad operativa.
d) Parte de las prioridades en los
próximos meses, tiene que ver con acciones estatales que estén dirigidas a entregar
ingresos mínimos, proteger el empleo y estimular la economía interna. Entonces,
las próximas medidas deben incluir a la población que no tiene ninguna
transferencia de recursos, y ampliar las medidas económicas para los pequeños
productores del área rural y urbana.
e) Es trascendental comprender que las
demandas de varios sectores de la población por contar con apoyo económico
desde el Estado, implícitamente, contiene la expresión de otra parte de
población que no tiene la posibilidad de manifestar públicamente similares
necesidades. Ignorar la solicitud de apoyo económico por parte de la población
que no accede ningún beneficio del gobierno; la petición de medidas para que
artesanos, microempresarios, pequeños productores agrícolas reinicien sus actividades;
y las necesidades apremiantes de la gente, podrían motivar el incumplimiento de
las medidas de emergencia, que dada la situación serán más estrictas las
próximas semanas.
f) La demanda de las asociaciones, gremiales,
artesanos y organizaciones sindicales por contar, temporalmente, con apoyo
económico gubernamental es viable y necesario. La población ocupada y
desocupada llega a 5.637.549 personas, de los cuales, las personas afiliadas y que
aportan[7] al seguro social de largo
plazo alcanzaba a 2.286.997 personas (Dependientes 2.074.919 e Independientes
212.078); significa que cerca del 40% tiene una relación laboral de
dependencia, y el 60% al no contar con
seguro social de largo plazo realiza actividades por cuenta propia o de forma independiente.
o
Es
esta población que necesita el apoyo económico de parte del gobierno. Transferencia
de recursos durante el tiempo más delicado del Coronavirus. La identificación
de quienes serían los beneficiarios, rápidamente puede obtenerse mediante el
cruce de las bases de datos de las Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFPs) y del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP).
o
La
transferencia de ingresos a ésta población, no solo permitiría realizar la
compra de alimentos y otras necesidades básicas, sino también contribuir a
reactivar la economía interna, principalmente en la compra de alimentos.
o
Asimismo,
el uso del sistema financiero facilitaría la transferencia de ingresos. A diciembre
2019, según la Autoridad de Supervisión Financiera (ASFI)[8], existían 12.063.699
cuentas de depósito, es decir, la mayoría de la población tiene una caja de
ahorro; los bancos y otras entidades financieras tienen 3.358 cajeros
automáticos (ATM), alrededor de 4.027 puntos de atención entre sucursales,
agencias y otros (PAF), y una presencia en el 65% de los municipios. En
resumen, es factible utilizar el sistema financiero para entregar dinero a la
población que está pidiendo apoyo del gobierno.
o
¿Cómo
utilizar el sistema financiero para entregar el apoyo económico? Técnicamente
es posible incorporar el cruce las bases de datos de la población afiliada en
las Administradoras de Fondos de Pensiones, la base del Servicio General de
Identificación Personal y la base de datos de la Autoridad de Supervisión
Financiera. Este medio además de brindar seguridad contribuiría en el mayor uso
de la tecnología.
g) La prioridad en materia de empleo es
su protección. Bajo el argumento que la pandemia del Coronavirus habría generado
una crisis económica para las empresas, algunos voceros del empresariado
boliviano ya manifestaron la posibilidad de recurrir al despido de
trabajadores, y tal vez, la reducción de salarios. Esta posición es
inaceptable, no debería haber despidos durante y después de la pandemia, al
igual que la reducción de salarios.
h) Corresponderá a los dirigentes
sindicales la proteger la estabilidad laboral, evitar el despido de
trabajadores ahora y después, así como el rechazo a la rebaja de los salarios.
Para ello, están vigentes la amplia normativa laboral que protege y garantiza la
estabilidad laboral. Y las instancias gubernamentales y del Órgano Judicial, tienen
el rol principal de hacer respetar el cumplimiento de la normativa laboral en
los temas de estabilidad y de salarios.
i) Hay bastante experiencia país en la
implementación de programas de empleo. Los primeros años de la década del 2000,
la recesión económica demandó implementar programas de empleo y para
microempresas. El Programa Nacional de Empleo (PLANE) ejecutó proyectos para las
áreas rurales y urbanas, y la actuación de los municipios a través del Programa
de Apoyo a Gobiernos Municipales (PAGM). Los proyectos comprendían
infraestructura social, productiva y servicios. En las tres versiones del PLANE,
que abarcó desde el año 2003 al 2006, se invirtieron alrededor de 79 millones
de dólares. Los entes ejecutores, aparte de los municipios, estuvieron a cargo
del Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS) y el Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR).
o
Otra
de las experiencias recientes que estuvieron dirigidas a facilitar la inserción
laboral de jóvenes fue el programa “Mi Primer Empleo Digno”, mismo que se
amplió hacia algunos municipios; y para la población que no contaba con la
formación educativa primaria y secundaria concluidas, y tampoco tenía experiencia
laboral, está vigente el “Programa de
Apoyo al Empleo – PAE”.
o
En
ese sentido, se cuenta con la experiencia institucional, que más allá de las
consideraciones ideológicas y/o políticas, es un Know How con el que se cuenta para implementar programas de empleo como
parte de las políticas de protección social, en tiempos donde hay necesidad de
estimular la economía interna y ver alternativas de empleo Las herramientas
técnicas y administrativas rápidamente pueden ser ajustadas en términos de
políticas públicas.
o
La
población que accedería a los programas de empleo estaría compuesta por artesanos,
desempleados, trabajadores por cuenta propia, técnicos y profesionales
independientes, pequeña y microempresa urbana y rural.
j) Los incentivos estatales también deben
fijar su mirada en la actividad de los pequeños productores agrícolas, cuya
producción está dirigida al mercado interno. No solo es importante en términos
de abastecimiento de productos agrícolas, sino además por el uso intensivo de
mano de obra, por lo cual, los niveles de gobierno central, departamental y
municipal tendrían que garantizar el abaratamiento del transporte, semillas y
capital de trabajo. Conectado a la producción agrícola, es pertinente la
realización de ferias de precio justo de productores a consumidores en los
barrios, y cortar el circuito de especulación y elevación de precios.
o
Inyectar
mayor a la liquidez en la economía. Para ello, los programas de crédito para
los pequeños productores agrícolas, microempresarios y artesanos de las ciudades
tienen que ajustar sus condiciones haciéndolos más accesibles, con menores
tasas de interés y la ampliación de plazos. Paralelamente, es innegable la
necesidad de reprogramar los créditos
vigentes que beneficiará a pequeños productores agrícolas y microempresas.
k) Las Reservas Internacionales Netas
(RIN), entendido como el ahorro realizado por el país, por todos y todas, son recursos
que pueden utilizarse para financias las medidas de protección social y
estimular la economía. Todo ahorro tiene el fin de usarse en el futuro para cubrir
un gasto previsto o imprevisto, o una posible inversión. El Coronavirus es un
imprevisto.
o
El
nivel de las Reversas Internacionales Netas a octubre 2019 alcanzaban a 7.433
millones de dólares[9]
que significaba el 16% del PIB, por encima del promedio de los ratios RIN/PIB
de la región, que permitía cubrir 6 meses de importaciones. En resumen,
contamos con un buen nivel de ahorro país, es decir, Reservas
Internacionales Netas para financiar las iniciativas y necesidades colectivas.
o
Austeridad
en el gasto gubernamental es otro medio de financiar las medidas. Desde el
nivel de gobierno central, departamental y municipal la prioridad debe estar dirigida
a estimular la economía, proteger el empleo e implementar programas de empleo.
Por lo cual, rápidamente se puede revisar
y ajustar el presupuesto de todo el sector público (gobiernos central,
departamental, municipal y entidades públicas).
o
La
cooperación internacional es una fuente alternativa y complementaria para
financiar recursos. Los planes o programados en actual ejecución y los que aún
no están en ejecución, bien podrían ser ajustados en función a las prioridades
de dinamizar la economía, mantener los niveles de empleo y ver la generación de
otras alternativas de empleo.
·
Profundizar
la democracia participativa también significa que los niveles gubernamentales
(central, departamental, municipal) informen oportunamente a la población,
especialmente, en el uso de recursos que provienen de Cooperación Internacional
y los del Tesoro General de la Nación. La población boliviana tiene experiencia
sobre el mal uso de recursos en casos de desastres imprevistos (ejemplo el
terremoto que afectó a Aiquile, Totora y Mizque)[10]. La exigencia de contar
con información fortalece la democracia.
[1] La medida de cuarentena
nacional fue dictada el 21 de marzo, y el Estado de Emergencia el 26 de marzo.
Para el 11 de abril los casos positivos con coronavirus llegan a 300 y los
decesos 24.
[2] El programa de transferencias
monetarias condicionadas Bono Juana Azurduy (BJA) fue creado mediante Decreto
Supremo Nº 0066 de 3 de abril de 2009.
[3] El Decreto Supremo Nº 28899,
26 de octubre de 2006 instituye el subsidio de incentivo a la permanencia escolar
denominado “Bono Juancito Pinto”.
[4] Ley Nº 977 de 26 de
septiembre de 2017, de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con
Discapacidad.
[5] Ley Nº 3791 de 28 de
noviembre de 2007, establece la Renta Universal de Vejez ( Renta Dignidad), dentro
del régimen de Seguridad Social no contributivo.
[6] Al
12 de abril 2020, los casos confirmados de Coronavirus llegan 330 personas y
los decesos a 27; la tasa de letalidad es de 8,17 una de las más altas de la
región de Sudamérica.
[7]
Información de la Autoridad de Fiscalización y Control de
Pensiones y Seguros
https://www.ine.gob.bo/index.php/vivienda-y-servicios-basicos-4/largo-plazo
[10] Terremoto
sucedido el 22 de mayo de 1998.
https://www.lostiempos.com/actualidad/local/20170522/se-desviaron-10-millones-dolares-ayuda-internacional
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